Es falsa la afirmación de Agustín Laje acerca de que la Contraloría confirmó un fraude en las elecciones generales 2026

Verificado por la red AmaLlulla, con la herramienta

Durante una conferencia de prensa, Agustín Laje, politólogo argentino y activista de derecha, afirmó que la Contraloría General de la República confirmó un fraude en las últimas elecciones generales del último 12 de abril en el Perú. Sin embargo, tras revisar el informe de la Contraloría en mención, la red Ama Llulla concluye que esta versión es falsa.

La declaración de Laje se produjo el último 26 de mayo, durante una rueda de prensa realizada tras una condecoración otorgada por Renzo Reggiardo, actual alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Expresamente, Laje dijo lo siguiente:   

"Soy un observador internacional que ha visto el cúmulo de irregularidades. Cuando un resultado queda a veinte mil votos, más que irregularidad, se convierte en fraude. Y eso es lo que la Contraloría acaba de confirmar. Esto ya no es opinable, ya no es una intuición, no es una inferencia. Ya está investigado en lo que acaba de ser publicado el día de ayer por la Contraloría". 

Sin embargo, esto no es cierto. 

Laje hizo referencia al Informe de Control Específico N° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, referido al “Proceso de contratación del servicio de transporte y distribución del material y equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana y Callao en el marco de las Elecciones Generales 2026”, emitido el pasado 22 de mayo por la Contraloría. 

Cabe precisar que un informe de control específico es un instrumento técnico que identifica presuntas irregularidades administrativas y las remite a las autoridades competentes —fiscales y administrativas— para que determinen responsabilidades. 

Contra lo afirmado por Laje, no existe alguna afirmación, conclusión o determinación de los siete capítulos del informe de Control Específico N° 8536-2026, de la Contraloría de la República, que señale que en las elecciones generales realizadas entre el 12 y 13 de abril, hubo fraude electoral en los actuales comicios generales de este 2026. Tampoco figura una mención así en los canales de comunicación oficial de la Contraloría.

Ahora bien, en un pasaje de su intervención, Laje cita un extracto del informe de la Contraloría respecto a que “según el Jurado Nacional de Elecciones, la demora en la entrega del material electoral en los 256 locales de votación afectó el normal desarrollo de la jornada para 1’071.111 electores”. Y que esto no solo comprometió “el derecho individual y colectivo al voto”, sino que también afectó “la percepción de legitimidad, transparencia y eficacia del proceso en su conjunto”.

Sin embargo, dicha cifra solo se refiere a la cantidad de electores afectados ante la falta de material electoral en la hora prevista de la instalación de mesas de sufragio durante la jornada electoral del 12 de abril. Es decir, esta cantidad no equivale al número total de electores que no votaron ese día. 

La cifra de electores que no votaron el día de la elección fue de 55.261, según el propio informe de la Contraloría. De ese total, 41.685 electores sí votaron al finalizar el sufragio del último 13 de abril, conforme a un cuadro elaborado por la Comisión de Control de la Contraloría, como se observa a continuación:  

Contra lo afirmado por Laje, no existe alguna afirmación, conclusión o determinación de los siete capítulos del informe de la Contraloría que señale que, en las elecciones generales del 12 de abril, ni en la fecha extemporánea de votación al día siguiente ―el último 13 de abril― hubo fraude electoral en los actuales comicios generales.

Asimismo, Laje cita un extracto del informe de la Contraloría respecto a que “según el Jurado Nacional de Elecciones, la demora en la entrega del material electoral en los 256 locales de votación afectó el normal desarrollo de la jornada para 1 071 111 electores”. 

Sin embargo, es necesario precisar que, al cierre de la jornada del 12 de abril, solo 13 locales de votación no lograron instalarse, perjudicando a 55.261 electores de Lima Sur. Como se recuerda, ante esta situación el Jurado Nacional de Elecciones decidió ampliar el proceso electoral para ese grupo de ciudadanos hasta el día siguiente en el que 41.685 electores pudieron emitir su voto. 

Hallazgos de la Contraloría 

Lo que el informe documenta, en realidad, son una serie de presuntas irregularidades vinculadas a la contratación del servicio de transporte encargado de distribuir el material y equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana y el Callao, y su consecuente afectación en la instalación de mesas de sufragio en las elecciones presidenciales del 2026. Además de la detección de presuntas responsabilidades tanto penales como administrativas por parte de diez funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

En primer lugar, se indica que los funcionarios de la ONPE elaboraron y “suscribieron términos de referencia sin determinar la cuantificación real de los vehículos requeridos para el servicio de transporte de material y equipos informáticos electorales”. 

El documento sostiene que la empresa Galaga obtuvo la buena pro, luego de que en la fase de selección se redujeron los dos metros de largo de las unidades vehiculares ofertadas para determinar el mínimo de la capacidad de vehículos (10 m³). La oferta económica, incluso, fue superior al contrato por S/168.148,19. 

“Tales situaciones ocasionaron la afectación al correcto funcionamiento de la administración pública durante el proceso electoral, al favorecer indebidamente al postor adjudicado”, remarcó la autoridad de control. 

En ese sentido, la Contraloría señaló que Galaga prestó el servicio con 477 vehículos en total, pero que solo 40 de ellos —el 8%— eran de su propiedad. Los 437 restantes —es decir, el 92%—, pertenecían a terceros. Esto, a pesar de que las bases de los términos de referencia solo permitían arrendar hasta el 40% de las unidades.

Una segunda irregularidad identificada fue que los funcionarios de ONPE “solicitaron y permitieron el traslado de equipos informáticos electorales de la jornada de capacitación (realizada el 5 de abril de 2026) para destinarlos al proceso de Elecciones Generales 2026 como contingencia”.

Sin embargo, esto se realizó sin las gestiones “necesarias para cubrir la demanda de equipos y sin realizar ninguna observación, viabilizando el repliegue y entrega inoportuna de dichos equipos, a pesar de tener conocimiento de la afectación al cronograma del Plan Operativo Electoral (POE)”.

En ese sentido, el pasado 11 de abril, horas antes de la elección, se reprogramaron 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación con 8261 mesas de sufragios. Los funcionarios consignaron, por cada ruta, un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando en realidad se requerían al menos ocho horas. 

La repercusión final de los hechos en mención ocasionó que “se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3.605 mesas de sufragio”.  Y que, en el día de la elección, el 12 de abril, no hayan sido instaladas 187 mesas de votación en Lima Metropolitana, afectando el derecho de sufragio de 55. 261 electores. Como se recuerda, el JNE ordenó 

La Contraloría consideró como tercera irregularidad que, sin sustento técnico ni legal, se realicen prestaciones adicionales por S/ 650.205.94, derivadas del contrato del servicio de transporte de material y equipos informáticos electorales que ascendía a más de seis millones de soles. 

Además, “se solicitó sin sustento alguno el incremento de rutas, unidades vehiculares de contingencia y la variación del precio unitario” para el servicio de repliegue de 5.441 equipos informáticos desde las [Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales] ODPE de Lima Metropolitana y Callao”. 

El precio pasó de S/0.60 hasta S/ 6.00 por kilogramo desde los locales de votación al local de Lurín. Es decir, un incremento de 900 % respecto del contrato principal.

Los hechos expuestos en líneas anteriores fueron calificados por la Contraloría como irregularidades; sin embargo, en ningún caso ha señalado que la confluencia de estos, pese a su seriedad, configure un fraude electoral.

De hecho, el último 26 de mayo ―el mismo día en que Laje hizo su declaración―, el vocero de la Contraloría, Luis Castillo Torrealva, explicó los alcances del informe en mención en una entrevista en RPP Noticias. El vocero dijo que el informe evidenció un presunto favorecimiento hacia la empresa Galaga, y que los funcionarios de la ONPE involucrados se tomaron atribuciones dentro del proceso de evaluación con esos fines. Sin embargo, en ningún momento indicó que estos hechos constituyan un fraude electoral. 

En el mismo sentido se pronunció la Contraloría tras ser consultada por AmaLlulla: “En ninguno de los informes de control se determina fraude electoral porque no es nuestra competencia. En la Contraloría General no evaluamos el proceso electoral, sino supervisamos el gasto público, es decir, los procesos contractuales o la ejecución de recursos realizados en el proceso electoral”.

AmaLlulla revisó además las comunicaciones oficiales de la Contraloría en su página web y redes sociales, y verificó que la entidad de control en ningún momento ha señalado que sus hallazgos permitan establecer un supuesto fraude, como alegó Agustín Laje. 

Intentamos contactarnos con Laje a través de sus canales de redes sociales, pero hasta el cierre de la presente edición no recibimos respuesta. 

En relación a lo expuesto, es falsa la afirmación de Agustín Laje acerca de que la Contraloría confirmó un fraude en las elecciones generales 2026.