Los estrechos nexos del narcotráfico y la minería ilegal de oro quedaron expuestos en diciembre del 2024, cuando una presunta red dedicada al tráfico de cocaína de Ecuador hacia España fue desarticulada por la policía de ambos países. Ahora, una serie de documentos oficiales y financieros analizados para esta investigación revelan cómo este grupo de personas detenidas como parte de esa presunta organización criminal fundaron y administraron por años una minera dedicada a la explotación de oro con el fin de lavar su dinero procedente del tráfico de drogas.

Las autoridades sostienen que esta red acusada de organización criminal – integrada por empresarios, policías en retiro y un marino en servicio activo– utilizó compañías mineras legalmente constituidas, dedicadas a la explotación y comercialización de oro, para lavar el dinero proveniente del negocio de la cocaína. La información oficial y financiera recabada en este reportaje, así como la investigación fiscal, apuntan a Goldenminerals S.A.

Los agentes de la policía española y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador señalan que, en este caso, los principales financistas del tráfico de cocaína hacia Europa son grupos vinculados a la mafia albanesa. Y que cuentan con el apoyo logístico de la organización criminal Los Lobos y otras bandas pequeñas. 
 

El inicio: un envío de coca y ocho detenidos

La historia comienza con dos operativos importantes, en 2023 y 2024, que lograron la incautación de ocho toneladas de cocaína (7,3 toneladas en España y 664 kilos en Ecuador) y la captura de ocho personas en Ecuador y cuatro en España. Según las autoridades, la droga provenía de Colombia y era cargada en contenedores de frutas listas para ser comercializadas a Europa. 

Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas y peculado; y la persona encargada de las operaciones logísticas, era su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca García.

En 2023 Carlos Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria, en Guayaquil; además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004.

INVESTIGADO. Carlos Zambrano, acusado de liderar una presunta red de narcotraficantes desmantelada en diciembre de 2024 en Ecuador.

Fotos: Dirección Antinarcóticos

 

La policía también identifica como socios de Zambrano al coronel en retiro de la policía, Julio César Miño del Hierro (exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil); a Galo Manuel Litardo García, capitán de Corbeta en servicio activo de la Marina; a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alías Pollos) y Édison Andrés Espín Vallejo. Según las autoridades, estos últimos, eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. 

La información judicial señala que entre 2020 y 2024 estas personas tuvieron gigantes ingresos económicos que no pudieron justificar a nivel contable.

Un alto oficial de la Policía explicó que Carlos Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la justicia, la policía y en las Fuerzas Armadas. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel (SP) Julio César Miño y al capitán de Corbeta de la Marina, Galo Litardo; y él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios fue la minería de oro. 

Las pesquisas fiscales en curso señalan que el coronel en retiro Julio César Miño obtenía información en la policía, a través de sus redes de informantes, con el fin de que sus socios evitaran los controles en los puertos; mientras que el oficial de la Marina accedía a datos sobre los patrullajes acuáticos en los esteros. 

Cuando estuvo en actividad, Miño integró unidades de inteligencia antidrogas y de crimen organizado, en 2006 y 2008. Luego fue comandante en la ciudad portuaria de Manta, un territorio de elevada actividad asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial entrevistado, el entonces oficial empezó a ser contactado por grupos criminales. 

Actualmente siete de los detenidos están presos, mientras el capitán Litardo enfrenta la investigación fiscal en libertad, pero tiene prohibido salir del país y debe presentarse tres veces a la semana ante la Fiscalía. 

Las empresas detrás de la inversión en oro

Desde diciembre del 2024, este equipo periodístico accedió a información fiscal y financiera que le ha permitido identificar la conexión que existe entre el grupo de personajes investigados y su red de empresas, sus accionistas y su relación con la explotación minera de oro. 

Cuatro de los detenidos en diciembre del año pasado e investigados por narcotráfico son accionistas o administradores de Goldenminerals, una compañía minera constituida en 2018 en la ciudad Machala, donde se encuentra el segundo puerto más importante de Ecuador. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín. 

Según el portal de la Superintendencia de Bancos la empresa está activa y hasta el 2022 era administrada por Melida Biteri y Alisson Bastidas. Ese año fue adquirida por Cruz Morales, quien también es dueño de las compañías Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models. 

En esas y otras compañías también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien además es dueño de Avícola Rioblanco, dedicada a la crianza y reproducción de ganado. Esta avícola reporta activos por USD 327 mil y, según la investigación fiscal, también era usada para lavar dinero.


OPERACIONES. Toma aérea de bocamina en la concesión minera La Boya, en Ponce Enríquez.

Foto tomada de catastro minero en 2024

 

Pero gran parte de las sospechas se enfocan en el papel que tuvo Goldenminerals. En su último informe económico de 2023, la empresa minera reportó activos por USD 209 mil. La compañía no tiene ninguna concesión minera, pero sí posee un contrato de operación con la empresa Cerro Azul, también llamada Miderzul, que tiene la concesión La Boya, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

Es decir, Goldenminerals extraía oro de la concesión de Cerro Azul, y a cambio, como parte del contrato, pagaba un porcentaje del material explotado. Esta modalidad de explotación del mineral “es ideal para el lavado de dinero”, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque según él “no son acciones reguladas o debidamente controladas”.


Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador. Aquí operan Los Lobos y otros grupos delictivos como el Tren de Aragua. 

Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes y complejas, que controlan toda la cadena de producción del oro, desde la explotación del mineral, hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio ubicadas principalmente en Ponce Enríquez (Azuay) y Portovelo (El Oro). Y de ahí, una vez convertidas en lingotes son exportados vía aérea o marítima. 

Los estimados oficiales señalan que en Ecuador más de USD 1.300 millones de las exportaciones de oro provienen de la minería ilegal.

Los reportes de Inteligencia a los que se tuvo acceso para esta investigación señalan que el intrincado ensamblaje de cómo operaba Goldenminerals habría sido montado por decenas de compañías y operadores desde 2019, con la complicidad de autoridades de las agencias de control y del Ministerio de Energía y Minas.

Un alto funcionario del gobierno que investiga el caso señala que esta presunta estructura tenía el apoyo de funcionarios locales que elaboraron normas y reglamentos para facilitar este tipo de inversiones con dinero del narcotráfico y luego facilitar la comercialización del oro como si provendría de la pequeña minería.

En la cúspide de esta pirámide estarían grandes carteles y en el escalón más bajo algunos clanes familiares locales que dominan el sector de pequeña minería desde hace décadas, explica un agente que sigue su pista en Ponce Enríquez.

 

 Los contratos de operación
que nadie fiscalizó 

El dueño de la minera Cerro Azul (Miderzul) –que extendió el contrato de operación a Goldenminerals– es Juan Pogo Labanda, quien recibió el título de la concesión La Boya en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas. Como empresa contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral aurífero, pero no lo hizo, según consta en en un informe oficial al que se accedió para esta investigación. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental. 

OjoPúblico y Código Vidrio accedieron al contrato entre Cerro Azul y Goldenminerals, firmado en 2018, y que tiene una duración de diez años. El documento establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción de oro, “que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio de su elección”. Como garantía, el operador pagó USD 50.000. Su obligación era explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal. 

El mismo contrato señala que el titular de la concesión (Cerro Azul - Miderzul) puede dar por terminado el contrato si es que el contratista (Goldenminerals) no realiza operaciones de explotación por más de tres meses. Goldenminerals reportaba muy pocas veces la producción de oro. 

NARCOMINERÍA. En diciembre de 2024 se incautaron 664 kilos de coca a la presunta red liderada por Carlos Zambrano.

Foto: Policía de Ecuador

 

Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) presumen que el área de la concesión era usada para actividades extractivas ilegales que en la mayoría de los casos no eran reportadas, con el fin de  evadir el pago de impuestos y regalías. 


Un grupo de informes y auditorías oficiales a las que OjoPúblico y Código Vidrio accedieron señala que Goldenminerals no tiene licencia ambiental desde 2017, y que tampoco presentó planes de desarrollo, ni de exploración geológica. A pesar de que no cumplió con estos procedimientos, las autoridades locales de Azuay, nunca observaron o fiscalizaron la operación.

El titular minero Cerro Azul (Miderzul) debió alertar que Goldenminerals no registró operaciones mineras formales entre enero y diciembre de 2022, pero no lo hizo, señala un informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero.

El equipo periodístico solicitó una entrevista con Juan Pogo Labanda –titular de la concesión La Boya– para tener su versión sobre el contrato de operación con Goldenminerals y sus incumplimientos, así como las exportaciones de sus empresas a China, pero no obtuvo una respuesta.

Sin embargo, el 29 de enero pasado, el representante de una de sus compañías asociadas respondió a uno de nuestros correos y mencionó que él sí nos concedería una entrevista, sin especificar la fecha. Aseguró que ninguna de las firmas de Pogo ha realizado exportaciones de oro relacionados con Goldenminerals.

Aseguró que todas sus empresas mineras están legalmente constituidas. Se dedican a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación. “Para llevar a cabo estas actividades se realiza una serie de procedimientos en los cuales incluye solicitar a la empresa que va a exportar toda la documentación que justifique la legalidad del material”, recalcó.

El año que Goldenminerals sí reportó la explotación de 1.004 toneladas de oro fue en 2023. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material explotado, si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro.

De acuerdo a información oficial a la que OjoPúblico y Código Vidrio accedieron, la minera Cerro Azul (Miderzul), socia de Goldenminerals, exportó entre 2023 y 2024 827 toneladas de concentrado de oro a China. Por estos envíos la empresa recibió un pago de USD 2,5 millones, pero en ninguno de sus informes de producción indican la procedencia del oro. 

Según estos mismos reportes, el concentrado del mineral provino de la concesión La Boya (donde opera Goldenminerals) y fue triturado en plantas de beneficio de la zona de Camilo Ponce. Una de las más importantes, de acuerdo a la información oficial, es Metalesa.


OjoPúblico y Código Vidrio solicitaron una entrevista con el fiscal que está liderando la investigación, Fernando Guerrero, pero se excusó de dar declaraciones debido a unas diligencias.

 

La fiebre del oro sin control

 

En Ecuador están inscritas 1.652 concesiones mineras y 557 contratos de operación. Además hay 213 plantas de beneficio y 370 licencias de comercialización de minerales.
Los grupos dedicados a la minería ilegal vinculadas a organizaciones del narcotráfico han utilizado desde hace más de una década estas modalidades contractuales de operación. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, sostiene un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Ambiente y Financiación Ilícita, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero que obtienen por la venta de cocaína”, señala. 

En Ecuador hay 78 empresas mineras suspendidas y con acciones administrativas sancionatorias.

Una de las modalidades más usadas en Ecuador para blanquear el dinero, además de invertir el dinero sucio en la extracción del oro, tiene que ver con las exportaciones ficticias de minerales auríferos. En los papeles se finge que una empresa va a exportar una cantidad determinada de oro, pero luego, cuando se inspeccionan los contenedores, están vacíos. 

Oficiales de inteligencia y también las autoridades del sector minero, reconocen que los narcotraficantes declaran importantes envíos de oro –que en la mayoría de casos no son verificados– con el fin de justificar millonarios pagos que ingresan al sistema financiero sin ninguna dificultad. 

“Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones”, indica Yansura.

Por su parte, José Julio Neira, presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y director de la la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador, señala que el Gobierno está realizando una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros del país con el fin de verificar si cuentan con permisos vigentes.

También están fiscalizando a todas las personas naturales y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio. 

María Laura Patiño, consultora financiera y experta en lavado de activos, recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quién es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.

En este momento hay 78 empresas mineras suspendidas y con acciones administrativas sancionatorias, debido a sus inusuales exportaciones de oro. Los estimados oficiales señalan que en Ecuador más de USD 1.300 millones de las exportaciones de oro provienen de la minería ilegal.

En las inspecciones realizadas por el Servicio de Rentas Internas, la primera anomalía encontrada es la inexistencia de empresas exportadoras en las direcciones que ellos mismos registran como domicilio fiscal. “Son empresas fantasmas, que posiblemente son utilizadas para el cometimiento de uno o varios delitos, entre evasión fiscal, corrupción y lavado de activos”, dice Neira.

El mecanismo de envíos desde empresas fantasmas empezó a operar en toda su magnitud en 2023. Ese año, según reveló una investigación de Código Vidrio, las empresas de pequeña minería como Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals exportaron 268 millones de dólares en oro a Emiratos Árabes Unidos y la India, 20 veces más que en 2022. Realizaron sus envíos a través de un esquema de certificados y permisos fraudulentos, con oro extraído de minas inexistentes en sus concesiones.