Actualización 18 de marzo 16:12 p.m.

El megapuerto de Chancay es una novedad difícil de clasificar para la normativa peruana. No solo porque representa una inversión atípica para el país —unos USD 1.300 millones en su primera etapa—, sino también por tener una conformación legal distinta a la de otros puertos. 

No se trata de una concesión —un contrato entre el Estado y un inversionista para que este ejecute y explote una infraestructura o preste algún servicio público— como en el puerto del Callao, sino de un terminal de titularidad privada y de uso público, que cuenta con una habilitación portuaria. 

PUERTO. El puerto de Chancay fue inaugurado en noviembre de 2024

Foto: OjoPúblico/ David Díaz

Para crear el terminal de Chancay, en otras palabras, no se firmó ningún contrato entre el Estado y la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. Es este encuentro entre el ámbito privado y el público está el meollo de la nueva controversia alrededor de la megaobra: las competencias que tendrá el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). 

Este organismo es el encargado de normar, regular y supervisar los distintos mercados que existen alrededor de la explotación de infraestructura de transporte de uso público. En ese ámbito están, entre otros, los servicios ofrecidos en un puerto.   

A pesar de eso, Cosco Shipping argumenta que Ositran no tiene competencias sobre su terminal porque el mismo es de titularidad privada. 

Ositran le ha recordado en varias oportunidades que, más allá de la titularidad, el proyecto está clasificado como uso público y, por lo tanto, competirá en el mercado de servicios portuarios. Esta característica le da competencias al organismo en diversas aristas, a pesar de la exclusividad de los servicios esenciales. Aun así la empresa se rehúsa a ser considerada como una entidad prestadora de servicios. 

A través de una serie de documentos obtenidos por la Ley de Transparencia y entrevistas a especialistas, autoridades y exfuncionarios del sector infraestructuras y servicios portuarios, OjoPúblico reconstruye la disputa entre el puerto de Chancay y Ositran. El problema, explicaron representantes del organismo y de la compañía, podría derivar en procesos sancionadores y nuevos litigios.

OjoPúblico reconstruye la disputa entre el puerto de Chancay y Ositran. El problema, explicaron representantes del organismo y de la compañía".

En este contexto, hace algo más de un mes, el congresista Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú)presentó una propuesta de ley para crear la Autoridad Autónoma del Puerto de Chancay: un ente supervisor exclusivo para el proyecto que, además de duplicar funciones con otros organismos, tendría una fuerte presencia política e, incluso, un representante de Cosco Shipping en el directorio.

El megapuerto de Chancay es una novedad difícil de clasificar para la normativa peruana. No solo porque representa una inversión atípica para el país —unos USD 1.300 millones en su primera etapa—, sino también por tener una conformación legal distinta a la de otros puertos. 

No se trata de una concesión —un contrato entre el Estado y un inversionista para que este ejecute y explote una infraestructura o preste algún servicio público— como en el puerto del Callao, sino de un terminal de titularidad privada y de uso público, que cuenta con una habilitación portuaria. 

Para crear el terminal de Chancay, en otras palabras, no se firmó ningún contrato entre el Estado y la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. Es este encuentro entre el ámbito privado y el público está el meollo de la nueva controversia alrededor de la megaobra: las competencias que tendrá el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). 

Este organismo es el encargado de normar, regular y supervisar los distintos mercados que existen alrededor de la explotación de infraestructura de transporte de uso público. En ese ámbito están, entre otros, los servicios ofrecidos en un puerto.  

A pesar de eso, Cosco Shipping argumenta que Ositran no tiene competencias sobre su terminal porque el mismo es de titularidad privada. 

Ositran le ha recordado en varias oportunidades que, más allá de la titularidad, el proyecto está clasificado como uso público y, por lo tanto, competirá en el mercado de servicios portuarios. Esta característica le da competencias al organismo en diversas aristas, a pesar de la exclusividad de los servicios esenciales. Aun así la empresa se rehúsa a ser considerada como una entidad prestadora de servicios. 

A través de una serie de documentos obtenidos por la Ley de Transparencia y entrevistas a especialistas, autoridades y exfuncionarios del sector infraestructuras y servicios portuarios, OjoPúblico reconstruye la disputa entre el puerto de Chancay y Ositran. El problema, explicaron representantes del organismo y de la compañía, podría derivar en procesos sancionadores y nuevos litigios.

En este contexto, hace algo más de un mes, el congresista Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú)presentó una propuesta de ley para crear la Autoridad Autónoma del Puerto de Chancay: un ente supervisor exclusivo para el proyecto que, además de duplicar funciones con otros organismos, tendría una fuerte presencia política e, incluso, un representante de Cosco Shipping en el directorio.