Minería ilegal en El Cenepa: el desafío de erradicar una economía en expansión

Décadas antes de la llegada de las dragas y de los apus cooptados por la minería ilegal, esta actividad en el distrito de El Cenepa, en la región Amazonas, se reducía al oro que algunos recogían en pequeños envases de vacuna. 

Un comunero awajún de Huampami recuerda que, en 2004, contadas familias recolectaban areniscas doradas y extraían oro mediante la llamada ‘oreada familiar’. Se trataba de una labor artesanal en la orilla del río Cenepa, que utilizaba una batea de madera, un canalón [canaleta] y una alfombra para retener las partículas del mineral. Como filtro, empleaban la fibra interna del tallo del plátano. No usaban mercurio, no intervenían operarios mestizos en el proceso y no necesitaban pedir permiso al apu porque estaban en la orilla de su propio terreno.

Según testimonios recogidos en campo, la extracción se vinculaba a necesidades concretas: pagar una deuda, financiar la educación de los hijos o comprar algo específico. Una vez logrado el objetivo, se abandonaba la actividad. 

El oro se recolectaba durante meses en pequeños envases de vacunas, hasta alcanzar los 10 o 12 gramos. El único —y hoy dominante— comprador de oro era un comerciante de Imaza conocido como Manguera, que ingresaba a las comunidades cada 15 días con su balanza digital mientras comercializaba otros productos. 

"Comenzaron a trabajar [en minería artesanal] cuando necesitaban un dinero. El oro no era procesado, era puro, sin mercurio, porque [el oro] parecía arenita", explicó un comunero.

AVANCES. En 2022 se produjo el boom de la minería ilegal en El Cenepa con los altos precios del oro y la proliferación de balsas.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Lazo

EQUIPOS. En 2025, algunas comunidades incorporaron maquinaria pesada en la extracción ilegal de oro para aumentar su productividad.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Lazo

En una ocasión, una familia de la comunidad de Kayamás logró extraer alrededor de 40 gramos, que al precio de S/150 por gramo, le generaron S/6 mil. La noticia se extendió como prueba de lo posible y otras familias intentaron replicar la experiencia. Sin embargo, el trabajo era agotador y, en promedio, se obtenían 10 gramos tras varias semanas de labor. 

Además, el oro se extraía siguiendo restricciones culturales, similares a las de la caza en el bosque: debía mantenerse una dieta alimentaria y abstinencia sexual durante semanas, incluso durante la actividad. Esto dificultaba sostener un trabajo que, de por sí, era exigente:

“Diez gramos era el tope máximo. En Kayamás [se obtuvo] S/6 mil, pero luego lo dejaron porque dijeron [que era] muy cansado, quitaba mucho tiempo y el pago no era tan bueno”, comentó otro comunero entrevistado.

Una familia de la comunidad de Kayamás extrajo 40 gramos, que al precio de S/150 por gramo, le generaron S/6 mil. 

Como antecedentes de la minería artesanal en este distrito, algunos comuneros recuerdan que, en la década de 1970, un helicóptero intentó extraer oro de una isla frente a la localidad de Mamayaque, y que, en los años 90, una empresa buscó operar entre las comunidades ubicadas en la desembocadura del río Cenepa en el río Marañón.

Antes, en las décadas de 1930 y 1940, tres ecuatorianos descendieron desde Ecuador por el río Comainas y se dedicaron a la oreada en las playas de El Cenepa. Décadas después, la Compañía Minera Afrodita intentó desarrollar un proyecto minero en las cabeceras de la Cordillera del Cóndor, pero fue rechazada por el pueblo awajún.

Las etapas de la minería ilegal

La minería no llegó al Cenepa como un fenómeno único. Lo hizo en oleadas, con distintos actores, equipamiento cada vez más potente y relaciones de poder crecientemente asimétricas entre los operadores externos y las comunidades.

Entre 2015 y 2016 arribaron silenciosamente las llamadas “chupaderas loretanas”. Provenientes de Saramiriza, un polo minero histórico en la frontera entre las regiones Loreto y Amazonas, estas primeras máquinas eran operadas por personas que hablaban iinia chicham o lengua awajún.

En comunidades como Nueva Vida, solicitaron permiso en lengua indígena y ofrecieron el 15% del valor de la producción. “Nunca hubo ningún problema”, recuerdan comuneros sobre esa primera etapa.

Entre 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia, ingresaron dragas —balsas con motores Nissan, Toyota y Mercedes, y techos de calamina—, así como personas conocidas como “buzos”, quienes usan balones de oxígeno para llegar al fondo de los ríos, desde donde succionan con mangueras el material del cauce. 

Los operadores de estas balsas eran desconocidos y usaban apodos para ocultar su identidad. “Quienes llegan de esos lugares no son [personas] sanas”, señaló un comunero.

Entre 2020 y 2021, ingresaron dragas: balsas con motores, techos de calamina y buzos, de Ucayali y Huánuco.

Desde 2022 se produjo el boom de la minería ilegal en El Cenepa. La comunidad de Wawaim registró, solo en junio de ese año, ingresos superiores a los S/300.000, con entre 15 y 20 balsas operando simultáneamente en sus orillas.

La noticia se expandió por toda la cuenca de El Cenepa y en julio el número de mineros ilegales aumentó en las comunidades de Tutino, Mamayaque y Suwa Pagki. Se contabilizaron más de 40 dragas en pocos meses, algo sin precedentes en la historia del distrito de El Cenepa.

Entre 2023 y 2024, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), liderada por su presidente, Dante Sejekam, organizó y ejecutó —junto con la Policía Nacional y el Ejército— una serie de interdicciones en las que se destruyeron más de 60 dragas.

Esta medida fue insuficiente: los mineros reinvirtieron rápidamente, restablecieron sus operaciones y establecieron vínculos con las autoridades fiscalizadoras, obteniendo información previa para resguardar sus motores de las interdicciones.

INSUFICIENTE. Entre 2023 y 2024 se destruyeron 60 dragas, pero quienes se dedican a la minería ilegal lograron restablecer sus operaciones.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Lazo

EVIDENCIAS. En un recorrido reciente por el Cenepa, se registró a personas manipulando mercurio utilizado para la extracción de oro.

Foto: OjoPúblico / Rodrigo Lazo

En 2025 y 2026, la minería ilegal en El Cenepa se consolidó. Algunos anexos de las comunidades, que también tienen acceso al río, buscaron su titularidad y autonomía para gestionar sus ingresos, y comunidades como Mamayaque incorporaron maquinaria pesada, como palas mecánicas, para aumentar la productividad.

Frente a los altos precios del oro y la proliferación de balsas, los mineros comenzaron a imponer condiciones. Si el porcentaje ofrecido generaba descontento, lo ajustaban temporalmente o aumentaban la entrega de regalos y cerveza a los opositores. Incluso lograron que algunas familias se presentaran como propietarias durante las interdicciones para legitimar la actividad.

"Ya ellos son los jefes prácticamente, dominan a la comunidad, a las familias diciendo: 'Oye, si tú no me quieres apoyar, yo me retiro'. [...] Pero, si es que hay mucho oro, el minero renegocia diciendo: 'Mira, quiero seguir trabajando y quiero subir un poco más el porcentaje, incluso te voy a invitar chelas'," explica un comunero.

Disputas por las ganancias

La distribución de las ganancias de la minería ilegal en El Cenepa no es homogénea. Ha generado disputas entre las comunidades con y sin acceso a las riberas del río, así como entre las autoridades comunales y las familias con distinto nivel de influencia sobre las juntas directivas. El dinero ha profundizado las desigualdades y la conflictividad social.

El esquema acordado en varias comunidades fue: 50% para el dueño de la draga, 30% para los buzos y 20% para la comunidad. Este último se dividía en 10% para el fondo comunal y 10% para el “parcelero”, dueño de la ribera. Así, quienes tenían acceso a tierras ribereñas recibían ingresos; quienes no, quedaban excluidos.

Las diferencias también se reflejan en el uso del dinero. Mamayaque ha invertido en infraestructura: un local comunal, cuatro puentes, sistemas de agua, paneles solares para iglesias y proyectores para su escuela. En abril de 2026, su fondo comunal alcanzó los S/150.000.

En contraste, en Tutino y Wawaim el gasto en bienes públicos ha sido limitado. Se reportan inversiones privadas, desvío de fondos y gastos en celebraciones. En Tutino, pese a que han operado más de 20 balsas de manera simultánea, uno de los apus anteriores destinó dinero para construir una cancha sintética privada. En Wawaim, parte de los fondos fueron desviados. En ambos casos, las juntas directivas realizaron celebraciones y gastos en cerveza.

Las familias sin acceso a la ribera asumen los costos de la contaminación, mientras continúan dependiendo del río y el bosque para su alimentación. En Wawaim, menos de 50 familias, de aproximadamente 300, acceden a los beneficios económicos de la minería ilegal.

Las familias sin acceso a la ribera depende del río y el bosque para su alimentación. 

Ante la ausencia de servicios básicos, la minería ilegal se ha convertido en una fuente de ingresos que cubre necesidades inmediatas. Rechazarla equivale a renunciar al acceso a agua, educación o infraestructura.

"Al tener tanta necesidad para gastos de alimentos, educación de los hijos, pasajes, la minería de [alguna] manera soluciona estas necesidades y ellos tienen que acceder por necesidad. Es por eso que cumplen las reglas que los mineros ponen”, indicó un comunero entrevistado recientemente.

Además, los buzos —que se pasean con canguros mostrando billetes— se han convertido en referentes de éxito. “Ahora el buzo vale más que el profesor”, señalan en la comunidad.

Urge presencia del Estado

La minería ilegal ha transformado las prioridades sociales en el Cenepa, incrementado la dependencia económica y profundizado las desigualdades. Hay alumnos que prefieren realizar turnos de vigilancia de las dragas en lugar de asistir al colegio.

Mientras esta actividad siga siendo la única fuente concreta de recursos para las comunidades awajún, será muy difícil expulsarla. Cuando un puente, el acceso al agua, un local comunal o las veredas hacia los colegios dependen del 20% de regalías de una draga, rechazar la minería ilegal significa renunciar a esos derechos.

Erradicar la minería requiere que el Estado asuma su responsabilidad histórica con el pueblo awajún mediante una presencia sostenida y efectiva, con alternativas reales de desarrollo y proyectos sostenibles. De lo contrario, esta actividad continuará destruyendo sus fuentes de vida: vaciando el oro de los ríos, contaminando el agua y los peces, y consolidando a los buzos como el principal modelo de éxito al que pueden aspirar los niños awajún.

La inversión en lo público, en el desarrollo económico de las familias y en el bienestar colectivo es hoy más urgente que nunca.

* La información de este artículo proviene de entrevistas realizadas a habitantes del Cenepa con su consentimiento informado. Sus nombres han sido omitidos por razones de seguridad.