El costo de existir: el alto precio de ser LGBTIQ+ en el Perú

Las cifras intentan resumir la realidad de las personas. Son estadísticas que, con aparente objetividad, nos muestran cómo vivimos, cuáles son nuestras carencias y qué condiciones determinan nuestras oportunidades. Esos números nos describen como sociedad. Leídas con rapidez, muchas de esas cifras se incorporan a nuestro imaginario sin despertar mayores cuestionamientos.

Sin embargo, cuando dejamos de mirar porcentajes y empezamos a ver rostros, nombres e historias concretas, la lectura cambia por completo. Eso ocurrió durante la elaboración del estudio Los costos de la discriminación en el proyecto de vida de la población LGBTIQ+ en el Perú. Lo que comenzó como un ejercicio de recopilación y análisis de datos se convirtió en una narrativa profundamente humana, con voz propia, que nos obliga a confrontar realidades difíciles de ignorar.

Los hallazgos de este estudio no son fáciles de asimilar. En el Perú, una de cada tres personas LGBTIQ+ ha tenido que renunciar a una parte importante de su proyecto de vida o modificarlo drásticamente como consecuencia de la discriminación.

Cuando hablamos de modificar un proyecto de vida no nos referimos a pequeños ajustes, rutas alternativas o a los inevitables desvíos que toda existencia enfrenta. Hablamos de personas que no pudieron terminar sus estudios porque fueron expulsadas de sus hogares cuando aún dependían económicamente de sus familias. 

Hablamos de trabajadores que descubrieron que sus posibilidades de ascenso estaban condicionadas a ocultar quiénes eran. De personas trans que invirtieron los pocos recursos que tenían en tratamientos hormonales para poder reconocerse frente al espejo, porque el Estado decidió que esa necesidad no formaba parte de sus responsabilidades. 

Hablamos de vidas que no solo enfrentaron las dificultades propias de una sociedad donde muchos derechos siguen sin garantizarse, sino que además debieron pagar un costo adicional: el costo de ser, de existir, de vivir auténticamente.

Pero los datos no solo nos dicen cuántas personas se ven afectadas. También muestran cuándo ocurre ese daño. El estudio identificó un punto de inflexión recurrente en las trayectorias de vida de las personas LGBTIQ+: el momento en que revelan su identidad o dejan de ocultarla. Ese instante que, en el imaginario colectivo, suele representarse como una liberación aparece, en la realidad peruana, acompañado de un riesgo considerable.

Una de cada tres personas LGBTIQ+ ha tenido que renunciar a una parte importante de su proyecto de vida por la discriminación".

Más del 80% de quienes atravesaron ese proceso experimentaron alguna forma de discriminación o violencia. Ocho de cada diez personas recibieron como respuesta una sanción social, explícita o implícita, por mostrarse tal como eran. No son casos excepcionales. Se trata de una experiencia ampliamente compartida.

Resulta casi obvio afirmar que la discriminación hace daño. Lo repetimos constantemente y casi nadie parece ponerlo en duda. Sin embargo, una cosa es reconocer ese daño en términos abstractos y otra muy distinta es demostrar que sus efectos alteran, de manera profunda y duradera, las oportunidades de vida de quienes la sufren. 

Oportunidades perdidas

Los resultados del estudio muestran que las personas LGBTIQ+ que experimentaron discriminación tuvieron quince veces más probabilidades de perder oportunidades educativas o laborales significativas en comparación con aquellas que no la experimentaron. 

La discriminación, entonces, no es una simple incomodidad que algunas personas deben aprender a sortear. Es una fuerza que condiciona trayectorias, restringe posibilidades y deja huellas que persisten mucho después del episodio que las originó. Es una deuda impuesta que nadie eligió contraer, pero que muchas personas terminan pagando durante años.

Y cuando hablamos de pagar, no estamos recurriendo únicamente a una metáfora. Hablamos de dinero, de gastos concretos y cuantificables. Más del 60% de quienes sufrieron discriminación o violencia reportó haber realizado desembolsos directos para protegerse, recuperarse o intentar reconstruir su bienestar. El gasto más frecuente estuvo relacionado con la salud mental. 

Casi la mitad de estos desembolsos correspondió a psicoterapia y medicación psiquiátrica obtenidas en el sector privado debido a la ausencia de servicios públicos afirmativos y accesibles. Los montos reportados son diversos, pero todos revelan una misma realidad: son costos que debieron asumir quienes ya habían sido dañados por el simple hecho de ser quienes eran.

Estos hallazgos muestran que la discriminación no es únicamente un problema moral o interpersonal. Es también un fenómeno económico y estructural que condiciona oportunidades, distribuye desigualdades y genera costos que terminan siendo asumidos por quienes la padecen.

Más del 60% de los que sufrieron discriminación o violencia realizaron desembolsos directos para protegerse o recuperarse".

Cada vez que una persona LGBTIQ+ abandona sus estudios debido a la presión familiar, el país pierde talento, capacidades y años de formación potencial. Cada vez que alguien es desplazado del mercado laboral formal por prejuicios que rara vez se reconocen abiertamente, la economía pierde productividad y empuja a esa persona hacia condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Cada vez que una mujer trans encuentra en el trabajo sexual la única alternativa posible después de haber sido expulsada del colegio, rechazada por su familia y excluida del empleo formal, no estamos frente a un fracaso individual. Estamos frente a la consecuencia previsible de un sistema que cerró, de manera sistemática, todas las demás opciones.

Y, sin embargo, entre los datos también encontramos resiliencia. Ante la imposibilidad de acceder a apoyo profesional, cerca del 70% de las personas encuestadas identificó a sus amistades cercanas como su principal fuente de sostén emocional. 

En Lima, Arequipa, Piura, Pucallpa e Iquitos encontramos ejemplos concretos de redes de cuidado: organizaciones comunitarias, espacios de acompañamiento y casas de madres trans que ofrecen refugio, escucha y orientación. Allí circula un conocimiento construido desde la experiencia compartida: un saber sobre cómo sobrevivir, sostenerse y seguir adelante cuando el entorno insiste en negar la legitimidad de una existencia.

Hay algo profundamente valioso en esa capacidad de construir comunidad desde los márgenes y, al mismo tiempo, profundamente inaceptable en que sea necesaria. 

Las llamadas familias elegidas no son un lujo afectivo ni una expresión romántica de pertenencia. Son una respuesta social a una ausencia institucional. Son la solución que muchas personas tuvieron que crear porque el Estado no estuvo presente cuando más lo necesitaban. Constituyen una demostración poderosa de solidaridad, pero también revelan un agotamiento silencioso: el de cuidar sin recursos, acompañar sin formación especializada y sostener crisis complejas sin respaldo institucional. 

Ninguna red comunitaria, por más fuerte y generosa que sea, puede reemplazar de manera sostenible aquello que corresponde garantizar a los sistemas públicos de salud y protección social. La resiliencia de una comunidad no puede convertirse en la excusa para la inacción estatal.

Por ello, los resultados de este estudio no deben leerse únicamente como un diagnóstico. Son también un llamado urgente a la acción. Las recomendaciones son claras: el Ministerio de Salud debe garantizar acceso universal a servicios de salud mental gratuitos, afirmativos y culturalmente competentes y el Seguro Integral de Salud debe incorporar la cobertura de psicoterapia afirmativa, tratamientos hormonales y procedimientos de afirmación de género. 

Además, el personal sanitario requiere formación continua en competencias relacionadas con la atención de personas LGBTIQ+; y los servicios especializados deben descentralizarse porque la discriminación no termina donde termina Lima.

La resiliencia de una comunidad no puede convertirse en la excusa para la inacción estatal".

Nada de esto es una propuesta radical ni una aspiración imposible. Varios países de la región han avanzado ya en esa dirección. Lo que sigue faltando en el Perú no es evidencia, ni experiencia comparada, ni conocimiento técnico. Lo que falta es voluntad política. Mientras esa voluntad se construye —o se exige—, los costos continúan acumulándose en silencio. 

Se acumulan en proyectos de vida truncados, en diagnósticos que nunca llegan, en ahorros destinados a cubrir necesidades que deberían estar garantizadas, en años de formación desaprovechados y en talentos que el país necesita, pero que la discriminación destruye antes de que puedan desplegarse plenamente.

Por eso, este estudio concluye con una pregunta que interpela al Estado, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto: ¿hasta cuándo seguiremos aceptando, en silencio, el costo de existir?

La respuesta no será estadística. Será política. Y esa respuesta sigue pendiente.

Referencias:

Vara-Horna AA, Juarez Chávez E. Los costos de la discriminación en el proyecto de vida de la población LGBTIQ+ en el Perú. Lima: Promsex; julio 2025.