LA PAMPA. Perú es uno de los mayores productores de oro del mundo de origen ilegal, como el que procede de La Pampa, en Madre de Dios.
La minería ilegal ya no solo se ha convertido en un problema socioambiental en el Perú, sino también en un problema regional y de seguridad. Sobre todo, por la aparición y consolidación de organizaciones criminales de carácter transnacional, que han convertido al Perú en el epicentro de la minería ilegal global, al ser hoy uno de los mayores productores de oro del mundo de origen ilegal.
Frente a esta situación, en distintos momentos surgieron iniciativas para enfrentar esta ilícita actividad desde el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. En 2022, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio introdujeron un proyecto de ley para prevenir la minería de oro ilícita en América Latina y en múltiples países en desarrollo.
Asimismo, en diciembre de 2025, los senadores John Cornyn, Tim Kaine, Ted Cruz y Jacky Rosen, presentaron el proyecto de ley 3496, denominado Ley de Asociación de Estados Unidos para la Minería y el Oro Legal.
Esta propuesta busca exigir al Secretario de Estado la elaboración de una estrategia integral para combatir la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental y facultar al secretario del Tesoro para designar jurisdicciones e instituciones financieras como focos principales de preocupación por blanqueo de capitales, debido a su participación en actividades de minería ilegal.
Además, debería incluir mecanismos ya existentes en la normativa norteamericana, similares a los previstos en la Lacey Act.
Se busca exigir al Secretario de Estado la elaboración de una estrategia para combatir la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental.
El proyecto, que actualmente avanza en el Senado norteamericano, plantea que se mitiguen los impactos sociales y ambientales negativos de la minería de oro ilegal y se fomente la colaboración con gobiernos democráticos de Sudamérica para formalizar las operaciones mineras a pequeña escala, garantizando que cumplan con las leyes tanto ambientales como laborales.
Esta iniciativa deberá contemplar el combate contra el crimen organizado transnacional con el objetivo de cortar una importante fuente de financiamiento para carteles de drogas y organizaciones criminales que blanquean dinero a través del comercio de oro ilícito.
También debe contribuir a mejorar la trazabilidad y la debida diligencia en toda la cadena de suministro internacional, en línea con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, debe garantizar la protección de las áreas naturales protegidas, evitando la deforestación y otros daños ambientales.
En esa misma línea, resulta fundamental fortalecer el rol de la sociedad civil y del periodismo de investigación en la vigilancia y denuncia de los impactos ambientales y criminales, cada vez más evidentes, que amenazan a los defensores ambientales.
El proyecto, en resumen, resalta la importancia de las sanciones financieras, la cooperación bilateral y el monitoreo de exportaciones de oro provenientes de zonas críticas.
Esto representa un reto relevante para todas las empresas, incluidas las peruanas, incluso aquellas que operan en la formalidad, pues eleva el estándar de compliance en abastecimiento y comercialización. De igual forma, plantea una mayor presión sobre intermediarios, como refinerías, plantas de beneficio y exportadores, para acreditar el origen lícito del oro.
El mensaje político es bastante claro, la minería ilegal no es solo un problema ambiental, sino también una cuestión de estrategia geopolítica fundamental y de seguridad regional.
Esta medida podría reforzar las capacidades técnicas y financieras de los países de Latinoamérica. Sin embargo, para que funcionen las cadenas de suministro responsables y la cooperación internacional, será clave la aprobación de la norma, su entrada en vigor y, sobre todo, el trabajo cooperativo que deberá emprenderse con las nuevas autoridades electas en Perú y Colombia, donde la minería ilegal cobra cada día mayor relevancia.
Editado por Norka Peralta Liñán
