Las historias que otros no te quieren contar
El Ministerio Público es una de las instituciones más debilitadas por las constantes crisis y las recientes iniciativas del Congreso que benefician a la impunidad y al crimen organizado. En ese contexto, la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, asumió el cargo y designó al exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva como vocero principal de la entidad.
En diálogo con OjoPúblico, Víctor Cubas, quien tuvo a su cargo investigaciones de casos emblemáticos como La Cantuta y Barrios Altos, sostiene que —incluso, en comparación al régimen de Alberto Fujimori— en la actualidad, hay un exceso de iniciativas para tomar el control del sistema de administración de justicia y, en general, del Estado. "Se ha resquebrajado absolutamente la división de poderes”.
En sus palabras, esto configura un escenario de impunidad, que obstaculiza las investigaciones a altos funcionarios y favorece al crimen organizado. También, daña la autonomía y la independencia de los órganos del Estado. Una de las iniciativas más graves —subraya— es la derogación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, hoy en manos del Ejecutivo.
El también docente universitario en derecho procesal penal analiza el impacto de otras propuestas vinculadas al sistema de justicia, el papel del Ejecutivo, el impacto en el rol de los jueces, fiscales y policías, así como los casos de las víctimas de la represión durante las protestas de fines de 2022 e inicio de 2023.
Puede revisar la entrevista* en nuestro canal de YouTube o en este enlace.
Hace nueve meses, usted decía que cuando todo un cuerpo está enfermo, no hay partes sanas. Lo comentaba en alusión a la crisis en el país, donde, dadas las condiciones, los órganos de administración de justicia tampoco podían funcionar de manera eficiente. ¿Cree que esa condición hoy se mantiene?
Sí, lo creo y creo que se ha profundizado la crisis. Más o menos, hace un año vienen dándose un conjunto de leyes que dificultan sobremanera la labor, sobre todo del Ministerio Público, en cuanto a investigación de delitos graves que son propios del crimen organizado y cuya incidencia, en los últimos años, ha aumentado significativamente.
Un reportaje de OjoPúblico ya alertaba que seis bancadas impulsan, al menos, diez proyectos para limitar las atribuciones de los jueces, y someterlos a una fiscalización política y poner sanciones controversiales. ¿Cuánto afecta este impulso del Congreso para someter la justicia?
Afecta gravemente al sistema de administración de justicia. Por un lado, se imposibilita a los operadores utilizar las disposiciones legales. En el caso, por ejemplo, de los allanamientos, se pone la exigencia de (...) notificar al investigado, pero, además, se exige la presencia de su abogado defensor.
Esto es completamente contradictorio, porque un allanamiento es una medida que está legislada dentro del rubro de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, y se hace sin notificar al investigado, porque este hecho determinaría que va a ocultar evidencias, que es lo que la Fiscalía busca.
Pero, además, exigir la presencia del abogado defensor es una situación completamente contradictoria, porque el investigado, con impedir la presencia del abogado, está impidiendo la realización de la diligencia. Entonces, está frustrando toda posibilidad de encontrar elementos probatorios en graves casos de delitos propios del crimen organizado.
¿Y cree que esta serie de iniciativas del Congreso ponen a los órganos de justicia en un estado de mayor vulneración, en comparación a otras épocas de la historia en el país? ¿Cree que estamos en el peor momento o a cuál podríamos compararlo?
Yo creo que estamos en un momento más crítico. En lo personal, he vivido la época de la década del 90 y la acentuación de la crisis a partir de 1995, cuando se promulgaron las leyes de amnistía y había una actitud, claramente, encaminada a lograr impunidad en los actos que, en ese momento, se presumía que existían, pero no se tenía evidencias. Entonces, había que investigar. Lo de ahora es mucho más grave que lo que ocurrió en la década del 90.
Por un lado, tenemos un conjunto de iniciativas tendientes a sancionar a los operadores del sistema de administración de justicia, con que se les va a poner prisión, se va a criminalizar si es que piden una prisión preventiva y luego se revoca. Por otro lado, se le amenaza al juez de que si la decisión de adoptar una prisión preventiva, se revoca, también se le va a sancionar. Además de esas amenazas, hay la consecuencia de las disposiciones legales
Pero hay otras [iniciativas]. Por ejemplo, recortar los plazos de la suspensión de la prescripción y el plazo para llegar a un acuerdo de colaboración eficaz y, por otro lado, no aplicar la Convención sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Y así tenemos un rosario de disposiciones legales. De tal manera que ahora la situación es, indudablemente, como lo han señalado muchos juristas, es más grave que lo que ocurría en la década anterior.
Todo esto podría dar lugar a que quienes están en el poder, actualmente, puedan perpetuarse".
Hablamos del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero también de la Junta Nacional de Justicia. Hace poco se eligió a sus nuevos miembros, muchos cuestionados en un proceso poco transparente e irregular. ¿Qué podemos esperar de la nueva junta y cómo va a afectar a los casos que ya vienen investigando el Ministerio Público?
Esta situación no es aislada. Es un hecho más dentro de un conjunto. Tenemos una elección muy cuestionada de los miembros del Tribunal Constitucional (TC). Tenemos una elección con esas características del defensor del pueblo. Y a ello se suma el nombramiento de los miembros de la JNJ. Esto, indudablemente, está encaminado a lograr el control total del sistema de administración de justicia.
Teniendo en cuenta, además, que la JNJ es un órgano que tiene atribuciones para nombrar a dos de los funcionarios del sistema electoral: al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y al de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); entonces, todo lo que se ha hecho tiene un denominador común: afectar la autonomía y la independencia de los órganos del Estado, de la JNJ, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, etc.
Esta es una situación muy peligrosa, porque atenta contra lo esencial de un estado de derecho. Por otro lado, quebranta gravemente los principios constitucionales de independencia y autonomía. Eso es una actividad que está en contra de la división de poderes (...) ¿Cuál es el temor? De que todo esto podría dar lugar a que quienes están en el poder, actualmente, pudiesen perpetuarse en el poder, porque controlan todos los órganos. No hay ninguna seguridad de que se respete el ordenamiento jurídico.
¿Cree que detrás de todas estas iniciativas, entonces, está este intento de perpetuarse en el poder?
No habría otra razón por la cual hacer todo el tipo de modificaciones.
¿En qué estado se encuentra la aplicación de la Ley 32130, que otorga facultades a la Policía para realizar investigaciones preliminares? La Fiscalía emitió un instructivo para aplicarla y eso generó la reacción de congresistas contra los fiscales supremos. Ahora los acusan de desconocer la norma.
En relación a la Ley 32130, que se ha dado bajo el título de reforzar las facultades de la Policía en el ámbito de la investigación preliminar, la Fiscalía ha emitido un conjunto de instrucciones. Esa es facultad del fiscal de la Nación: hacer instrucciones que estén dirigidas al conjunto de fiscales.
Y la finalidad del instructivo es operativizar la realización de la investigación preliminar. No se están oponiendo a la aplicación de la ley; todo lo contrario, están tratando de conciliar las disposiciones de esa ley para que los fiscales puedan intervenir, porque la ley no niega que el fiscal siga siendo el director de la investigación. Pero dentro de ese título genérico establece que la investigación preliminar es facultad autónoma de la Policía. Y eso crea un conjunto de dificultades.
Todo lo que se ha hecho tiene un denominador común: afectar la autonomía y la independencia de los órganos del Estado”.
Para recordarlo, ¿cuáles serían?
Por ejemplo, en una investigación preliminar, el fiscal tiene lo que se denomina facultades discrecionales. ¿Esto qué significa? El fiscal, de acuerdo a su criterio jurídico, puede determinar que esta denuncia sea archivada, porque no es posible que genere un proceso penal. La Policía no puede hacer eso, no está facultada.
En otro caso, el proceso penal solo se puede hacer con personas identificadas e individualizadas. Si en un caso, por ejemplo, de hurto en una vivienda o de accidente de tránsito con muerte y lesiones, no se identifica al autor, porque se dio a la fuga o no dejó huellas, ese caso debería continuar en investigación. En la práctica se está produciendo un archivo provisional para que la Policía continúe investigando hasta identificar a los autores. Eso no se va a poder hacer ahora.
Se ha resquebrajado absolutamente la división de poderes, que es la característica fundamental de un sistema democrático".
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el sistema de administración de justicia se va a recargar con una gran cantidad de denuncias, con el universo de denuncias que ingresan.
Por otro lado, en el ámbito de investigación preliminar, es verdad que hay actos de investigación que puede hacerlos la Policía. Pero hay otros que requieren restringir derechos. Por ejemplo, si se requiere que se amplíe el plazo de detención, la Policía no puede adoptar esa decisión. Tiene que recurrir al fiscal para que formule un requerimiento ante el juez, que es el único que puede restringir derechos. ¿Cómo se va a hacer ahí? (...).
¿Cómo evalúa la postura del Poder Ejecutivo frente a estas iniciativas, que tampoco las observa?
En realidad, es preocupante la actitud del Poder Ejecutivo, porque desde el punto de vista de diseño constitucional, de organización del Estado, desde la Constitución del 80, existe un sistema de frenos y contrapesos.
El Congreso puede dar leyes, pero tiene que respetar el marco constitucional. Pero, además de ello, el Poder Ejecutivo tiene poder de veto, puede observar las leyes. Y esta facultad no la está utilizando el Poder Ejecutivo actualmente. Está promulgando todas las leyes aprobadas [por el Congreso], pese a las advertencias que se formulan desde la ciudadanía. Entonces, esto es sumamente preocupante.
¿A qué puede obedecer eso?
Obedecería a una situación de que hay un acuerdo entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
¿Un acuerdo para qué?
Para alcanzar los fines propuestos que se sostiene que existen. Impunidad para muchos casos de personas que están procesadas, pero sin advertir de que las disposiciones legales benefician al crimen organizado. En otras palabras, obstaculizan la lucha que el Estado debe hacer, por medio de sus órganos, contra la corrupción y el crimen organizado. Y eso no es simplemente una política determinada por el Ejecutivo, eso es un mandato constitucional (...).
El Ejecutivo tiene en sus manos una autógrafa que modifica el nuevo Código Penal y que, eventualmente, puede observar hasta el 11 de diciembre. Dos elementos llaman la atención: uno, referido a la detención para policías que hacen uso de su arma y provocan lesiones o muerte. Y otro, que propone derogar la detención preliminar en caso de no flagrancia. En la práctica, ¿cuál sería el impacto de esta norma?
Que no tendría razón de ser que exista una fiscalía contra el crimen organizado, el Estado estaría imposibilitado de luchar contra el crimen organizado, que tiene manifestaciones múltiples: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, pesca ilegal, tráfico de migrantes, tráfico de armas, etc.
Si es que no hay detención preliminar, ¿cómo se podría investigar a quienes están señalados por la misma Policía, la cual —por acciones de inteligencia— determina el accionar de determinadas personas en organizaciones criminales dedicadas a estas actividades?
La concentración de poder daría lugar a violación de derechos, a comisión de delitos desde el Estado".
¿Considera que esta puede ser una de las iniciativas más graves?
Esta, indudablemente, sería la más grave. Permítame hacer una referencia. A finales de la década del 90, la Policía reclama que no puede investigar, salvo en los casos en que detienen en flagrancia. Pero como hay mucha delincuencia, propia del crimen organizado, en donde no pueden detener, porque no sorprenden a los involucrados en actos delictivos en flagrancia delictiva. Entonces, ¿qué hacer?
Por eso, se aprobó la detención preliminar, para que cuando los involucrados en actos delictivos no fuesen sorprendidos en flagrancia, pero sean sindicados en actividades delictivas cuya pena sería superior a los cuatro años de privación de libertad, se pueda solicitar la detención preliminar.
(...) En virtud de esa norma, no hay día en que no se informe que ha habido un operativo, por ejemplo, para detener a miembros del Tren de Aragua, a La Gran Familia, o a organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito de terrenos (...). Todo esto quedaría absolutamente imposibilitado si se deroga el literal A, del artículo 261, del Código Procesal Penal. La prisión preliminar quedaría solo para aquellos que han sido capturados por la Policía y que se han fugado. Nada más.
Este dictamen acumula proyectos de legisladores fujimoristas y perulibristas. De hecho, la iniciativa de Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, es la que proponía lo vinculado a la detención preliminar y la no flagrancia.
Los miembros de Perú Libre y el hermano de la persona que usted cita, está procesado, tiene procesos pendientes, pero está condenado. O sea, que ahí estaríamos frente a una ley con nombre propio, que no debe darse, que no debe ser parte del ordenamiento jurídico de la nación.
Este mes, tras la sesión del Consejo de Estado, la presidenta Boluarte anunció que los policías y miembros de las Fuerzas Armadas serían juzgados en el fuero militar policial contra el uso de sus armas en cumplimiento de sus funciones. ¿Esto es constitucional?¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
El Estado peruano es uno. El artículo 138 establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Este problema ya se presentó en la década anterior y hubo —en principio, un proyecto y luego se aprobó— una ley dada después del 5 de abril de 1992, disponiendo lo mismo. Pero, inclusive en ese caso, se justificaba porque se trataba de terrorismo agravado.
Las personas sindicadas como autores de los actos de terrorismo agravado serían juzgadas en el fuero militar. Eso, a la postre, le costó una sanción al Estado peruano por la Corte Interamericana de Justicia. Y en un caso particular, el de Castillo Petruzzi, la Corte se pronunció, los militares no pueden juzgar delitos comunes.
Y los actos propios que realiza la Policía, algunos son actos de función y eso sí van al fuero militar. Pero otros son hechos que son delitos comunes. Y no puede un policía ser sometido al fuero militar por todos los casos de delitos que cometen. Entonces, es repetir un hecho que se consideraba que ya está superado desde la década del 90.
Obstaculizan la lucha que el Estado debe hacer, por medio de sus órganos, contra la corrupción y el crimen organizado".
Cuando se dio el anuncio, la presidenta Boluarte estuvo acompañada de representantes de otros poderes del Estado y otras autoridades como Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación en ese entonces. ¿Cuál fue la postura de la Fiscalía en esa discusión?
Yo desconozco si es que al entonces fiscal de la Nación se le haya consultado el anuncio que se iba a hacer o si es que al respecto hubo un acuerdo de todas las autoridades.
También estaba el presidente del Poder Judicial. Yo creo que hubo —si es que no existió acuerdo para hacer esa declaración— una ligereza en hacer el anuncio comprometiendo el criterio de altos funcionarios del Estado (...).
No se ha instituido a la Policía para matar a las personas. Se ha instituido para controlar el orden público y para poner a quienes infringen las normas legales a disposición de las autoridades. La Policía no puede ni siquiera ejercer violencia. La violencia está proscrita (...), menos puede matar a una persona. Eso es un exabrupto injustificable de parte de una alta autoridad del Estado.
En el régimen de Alberto Fujimori hubo violaciones de derechos humanos y cambios a nivel normativo, así como la captura del Ministerio Público. ¿Nos estamos asemejando?
Nos estamos asemejando, pero en los hechos del presente hay un superávit muy notorio de disposiciones legales tendientes a tomar todo el control del Estado. Y eso es sumamente peligroso... La concentración de poder daría lugar a violación de derechos, a comisión de delitos desde el interior del Estado, que podrían ser violación de derechos humanos, corrupción, lavado de activos, etc.
En unos días se van a cumplir dos años de las primeras muertes por la represión policial y militar de fines de 2022 e inicios de 2023, durante las protestas contra la presidenta y contra el Congreso. ¿En qué situación se encuentra la investigación por estos casos en el Ministerio Público?
Respecto a esos hechos se hizo público en determinado momento que la Fiscalía había formalizado la investigación preparatoria. No tengo información actual del estado del proceso, pero por la forma como se desarrollan las investigaciones en el Perú, considero que en este momento se vienen realizando los actos de investigación dentro del marco de investigación preparatoria.
En 2023, la gestión de Patricia Benavides decidió implementar un equipo especial para ver estos casos y dispuso que las carpetas fiscales de regiones se trasladen hacia Lima. ¿Se tiene previsto variar el mecanismo en las investigaciones por estos casos o se mantendría?
Creo que se han hecho algunas correcciones dentro de lo que establece el marco jurídico. Esas son cuestiones de competencia. En principio, un proceso debe ser llevado a cabo en el territorio donde ocurren los hechos, pero excepcionalmente puede haber transferencia de competencias o, en algunos casos, se confiere a los órganos del sistema de administración de justicia competencia especial para intervenir en casos que se producen fuera de su ámbito territorial.
(...) También correspondería que a los abogados que representan los intereses de las víctimas soliciten las correcciones pertinentes.
La Policía no puede ejercer violencia. La violencia está proscrita (...), menos puede matar a una persona"
¿Conoce usted si es que ha habido alguna presión política en torno a las investigaciones contra la presidenta Boluarte dentro del Ministerio Público?
No conozco que haya habido un acto directo de presión hacia quien esté investigando en este momento. Pero en realidad no sería necesario. Las disposiciones legales que se han dado están determinando una serie de obstáculos para investigar a los altos funcionarios del Estado.
Mientras el país está sometido a una crisis permanente, los distintos poderes del Estado no llegan a un acuerdo, se atacan mutuamente y no hay ningún consenso.
Sí, hay una situación de ignorar los pedidos de la ciudadanía. En este momento es público y notorio que hay sectores de la población que han pedido la derogación de la ley que modifica el tipo penal.
Sobre el crimen organizado
Crimen organizado. Hay pedidos de la ciudadanía con hechos concretos de movilizaciones, paros, etc., pidiendo que deroguen la disposición (...). Y hay una resistencia [del Ejecutivo y del Congreso] a escuchar estos planteamientos. Eso no debe darse en un sistema democrático donde debe haber transparencia, debate, participación ciudadana, etc.
¿Pero estamos en un sistema democrático?
Yo creo que indudablemente se ha resquebrajado absolutamente la división de poderes, que es la característica fundamental de un sistema democrático.
*Por temas técnicos, el registro en video de la entrevista contempla solamente una parte de la conversación.
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