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NUEVO CHIMBOTE. El caso se originó por el presunto favorecimiento para una obra en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.
El último 2 de diciembre, este medio recibió una carta de Ninel Romero Bartusiak, empresaria que, en diciembre de 2020, fue comprendida en una orden de detención preliminar, en el marco de una investigación contra el entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa. En el escrito, fechado seis días antes, la mujer solicitó a OjoPúblico la eliminación de un informe periodístico que dio cuenta de ese hecho de interés público.
El reportaje al que hace alusión Romero se publicó hace cuatro años, el 1 de diciembre de 2020. El mismo detalló que el juez Derby Quezada Blanco, del 5° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia de Áncash, había ordenado la detención preliminar de Morillo Ulloa y otras nueve personas por siete días. Entre ellas, Romero Bartusiak.
Esta decisión judicial, precisó el informe, se había tomado en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión agravada. Morillo Ulloa y funcionarios del Gobierno Regional de la época fueron acusados de favorecer a varias empresas que ganaron la buena pro para construir e implementar un ambiente para pacientes con covid-19 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, del distrito de Nuevo Chimbote.
Una de esas compañías era Quimera S.A.C., donde Romero Bartusiak se desempeñaba como representante legal, según la resolución judicial. Cuatro años después, la empresaria sostiene que ese informe afecta su imagen y reputación con “información obsoleta y cuestionable”.
Artículo periodístico fue publicado hace cuatro años y se basó en una resolución judicial".
En el escrito, Romero Bartusiak hace referencia a un peritaje que forma parte del expediente. El mismo fue elaborado por Amalia Karina Ángeles Cervantes. Dicha perito, aseguró la empresaria, actualmente, se encuentra en “un proceso judicial, por emitir pericia falsa”.
La falta de sustento de dicho análisis, según Romero Bartusiak, fue demostrada por un informe del Colegio de Ingenieros del Perú y otro del Colegio de Economistas de Lima, entre otros documentos. Así, “en base a los principios de derecho al olvido y protección de la imagen” pidió la eliminación del contenido.
La publicación cuestionada por la empresaria tiene como sustento una resolución del 5° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, del 28 de noviembre de 2020.
La compañía vinculada a Romero Bartusiak había presentado su cotización por el proyecto cuatro días antes de que el Gobierno Regional lo solicitara, a través de la Subgerencia de Abastecimiento. Este tema —uno de los sustentos para el requerimiento de la detención preliminar— consta en la resolución judicial.
El artículo de este medio describe estos hechos por su interés público, teniendo en cuenta que la detención preliminar incluyó, entre otros, al gobernador regional de Áncash, por presuntas irregularidades en una obra ejecutada con recursos públicos. No incorporó juicios de valor.
En esa línea, OjoPúblico niega cualquier intención de afectar imagen o reputación, a través de artículos periodísticos de relevancia ciudadana. Al mismo tiempo, pese a que la carta ha sido entregada de forma extemporánea, este medio es respetuoso del derecho de rectificación, como establece nuestro protocolo para estos casos.
De igual forma, rechaza cualquier amenaza a su libertad de publicar hechos documentados, que son de interés público pues ocurrieron al interior de un Gobierno Regional y conciernen a funcionarios públicos.
A continuación, la carta enviada por la señora Ninel Romero Bartusiak.
